El Ejecutivo ha presentado una indicación sustitutiva al artículo 8 del proyecto de Ley de Reconstrucción que, lejos de corregir los problemas que la industria de medios y los creadores nacionales habían denunciado, los agrava de manera significativa. La indicación parece un traje diseñado a la medida de las grandes empresas extranjeras de inteligencia artificial: les entrega acceso gratuito al patrimonio creativo chileno, les evita toda obligación de negociar o compensar y genera un fondo que lo pagan todos los chilenos y chilenas.

La indicación incorpora una excepción amplia a la Ley de Propiedad Intelectual que autoriza a cualquier empresa a reproducir, adaptar y usar contenido periodístico, audiovisual, musical y cultural para entrenar modelos de inteligencia artificial, sin pagar ni pedir autorización a sus creadores. La indicación va más lejos que la propuesta original: ahora habilita expresamente el “entrenamiento, desarrollo y despliegue” de sistemas de IA con contenido ajeno, cerrando en favor de las plataformas tecnológicas cualquier discusión interpretativa posible bajo el texto anterior. 

Con esta indicación, el Estado chileno le entrega gratis a empresas de inteligencia artificial, en su mayoría multinacionales sin domicilio tributario en Chile, el trabajo que medios de comunicación, periodistas, productores, músicos, directores, guionistas, escritores y fotógrafos chilenos producen y financian con sus propios recursos.

La propiedad intelectual es un derecho garantizado por la Constitución de la República, en los N°24 y 25 del Artículo 19. Esta indicación configura una expropiación encubierta de los derechos de autor, pero sin una real indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. 

El fondo propuesto no indemnizaría adecuadamente a quienes producen el contenido utilizado, se financiaría con impuestos de todos los chilenos y su entrada en vigencia queda condicionada a que las empresas beneficiadas: “comiencen a generar ingresos brutos de su giro”, noción sin definición legal precisa y de difícil exigibilidad para plataformas globales sin domicilio tributario en Chile. 

El Fondo, además, tendría que distribuirse entre todos los sectores creativos del país a través de un comité de cuatro ministerios, sin criterios legales de distribución predefinidos y sin topes a los costos de administración. Lo que llegaría efectivamente a los medios de comunicación sería, en el mejor escenario, simbólico.

La legislación chilena para sistemas de inteligencia artificial debiera considerar el mecanismo de opt-out como condición mínima para la regulación de esta materia. Es un mecanismo que permite a los titulares de derechos, medios de comunicación, músicos, escritores, fotógrafos, etc, declarar expresamente si sus contenidos pueden ser utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es una herramienta que la Unión Europea exige como requisito para los modelos de IA que funcionan en su mercado, y que se está utilizando en el mundo a través de acuerdos de licencia entre plataformas tecnológicas y creadores de contenido. Incorporarlo no frena la innovación: simplemente obliga a quienes lucran con el contenido ajeno a negociar en condiciones justas, tal como ocurre en el resto del mundo desarrollado. Sin ese mecanismo, Chile se convierte en el destino preferido de quienes buscan usar contenido creativo sin restricciones ni contraprestación.

ANATEL llama al Congreso Nacional a rechazar esta indicación y a abrir un proceso de diálogo real con la industria creativa chilena, por la importancia que tiene la sostenibilidad del periodismo, la diversidad informativa y la protección de la creación artística y cultural nacional. Además, pedimos al Gobierno y al Congreso Nacional que esta materia tan sensible para la democracia se discuta en el contexto del proyecto de Ley que regula los sistemas de inteligencia artificial y no en el proyecto de reconstrucción.